Democracia

Como parte del trabajo de LCV en favor de la democracia, LCV ha desarrollado un programa de defensa en toda la red para favorecer políticas estatales y locales que protegen y promueven la democracia equitativa y el derecho al voto. LCV impulsa las prioridades políticas a favor de los votantes y de la democracia dirigidas a cerrar la brecha de participación racial de los votantes con nuestras inversiones estratégicas en defensa y legislación estatal y local.

Durante demasiado tiempo, las leyes restrictivas sobre el voto y el reparto partidista de distritos electorales de la derecha han distorsionado nuestra democracia, suprimiendo desproporcionadamente a los votantes, especialmente y sin limitación, a votantes de color y a ciudadanos naturalizados, a votantes que utilizan el inglés como segunda lengua, a  votantes jóvenes y ancianos, a votantes con discapacidades y a votantes que viven en comunidades de bajos ingresos. LCV lucha a nivel local, estatal y federal por un país en el que todos los votantes puedan participar equitativamente en nuestra democracia, y en el que las voces del pueblo no se vean ahogadas por el dinero de los grandes contaminadores. Una democracia sólida y un medio ambiente sano están estrechamente ligados, y reformar nuestra democracia significa luchar por el poder de la abrumadora mayoría de personas de este país que quieren ver una acción significativa sobre el cambio climático.

Las leyes ambientales son tan fuertes como los jueces que las hacen cumplir.

LCV respalda a jueces favorables al medio ambiente y a la democracia en todos los niveles de los tribunales federales y estatales. Además, respaldamos la ampliación y el reajuste de la Suprema Corte de los Estados Unidos para incluir cuatro escaños adicionales para jueces que trabajen para el pueblo, no para los contaminadores con grandes bolsillos y sus aliados. El más alto tribunal de nuestra nación ha sido abarrotado por intereses de extrema derecha que libran un asalto judicial sin precedentes contra nuestro medio ambiente, nuestra democracia, nuestra igualdad y nuestros derechos reproductivos. Sin un proceso deliberado de reajuste, la Suprema Corte –con sus jueces vitalicios– está en condiciones de seguir imponiendo una agenda extremista durante toda una generación.

No podemos tener un medio ambiente sano sin una democracia sana. Ahora es más importante que nunca defender el estado de derecho y combatir el sabotaje electoral, la desinformación y los flagrantes esfuerzos de supresión de votantes que pretenden excluir aún más a las comunidades que se enfrentan a la mayor devastación de la crisis climática y la injusticia ambiental. Una vez más, se trata de comunidades de color y de bajos ingresos.

Asimismo, luchamos para que nuestras elecciones sigan siendo libres y justas ayudando a llenar el vacío nacional de trabajadores en las urnas electorales con conocimientos tecnológicos y culturales. Los trabajadores electorales de todo el país desempeñan un papel fundamental a la hora de resguardar nuestras elecciones y garantizar el derecho a un voto seguro, justo y accesible en todas las comunidades. Desde mantener el buen funcionamiento de las casillas hasta responder a las preguntas de los votantes y contar las papeletas, desempeñan un papel fundamental para garantizar que todos los votantes con derecho a voto puedan registrarse, votar y sentir la confianza de que su voto ha contado.

El derecho al voto está siendo agredido por legisladores y jueces conservadores, los conspiradores del 6 de enero siguen tramando planes para sabotear nuestras elecciones y las empresas siguen canalizando millones de dólares hacia la desinformación desenfrenada y los defensores de la Gran Mentira (The Big Lie). LCV sabe que debemos luchar por el principio fundamental de que cada voto debe ser contado.

LCV está luchando por una mayor transparencia en nuestras elecciones. Las contribuciones secretas e ilimitadas a las campañas por parte de los intereses de la industria de los hidrocarburos amenazan tanto a nuestro medio ambiente como a nuestra democracia. Distorsionan nuestra política, excluyendo a las comunidades de color y a las comunidades con escasos recursos, que son las más afectadas por la crisis climática y la contaminación.